LAS VEGAS (KLAS) — Una demanda judicial tiene al gobierno del presidente Donald Trump en pausa de seguir adelante con el proceso de frenar el “Estatus de Protección Temporal”, conocido mejor como TPS.
El TPS es un programa humanitario que protege de la deportación a inmigrantes indocumentados que no pueden volver a sus países de origen debido a conflictos civiles y desastres naturales.
Crista Ramos, ciudadana de los Estados Unidos, demandó a la Administración de Trump para que el gobierno ponga un alto a la deportación de miles de tepesianos, incluyendo a su madre.
Un juez federal falló a favor de la mamá de Crista pero la Administración de Trump apeló contra esta. La razón dada en esta demanda fue que la decisión tomada por el gobierno es basada en motivos raciales. Este caso fue presentado el miércoles en una corte federal de California.
“La presión que pone el presidente está influenciando a los que toman una decisión”, dijo el abogado Ahilan Arulanantham de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
El abogado apeló ante un panel de jueces que prosigan con cautela antes de dejar que el gobierno termine por completo con los programas humanitarios de la gente resguardada bajo el TPS.
“De lo contrario, 300,000 a 400,000 personas perderán su permiso de trabajo y algunos serán deportados”, dijo Arulanantham.
La Administración de Trump argumentó desde un comienzo que el TPS fue un programa adoptado con la intención de un estatus temporal y que países de Centroamérica ya tienen las condiciones para tomar responsabilidad sobre ellos.
Arulanantham señaló que este caso está lejos de finalizar y que las consecuencias que conlleva una deportación no se pueden cambiar.
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Con la colaboración de Alexandra Limon.
